Condicionados

por Fernández, Víctor Manuel

El autor señala la existencia de presiones internacionales sobre América latina con respecto a temas de salud reproductiva e identidad de género.

Las cuestiones relacionadas con la llamada “salud reproductiva” (control de la natalidad, aborto, etc.) y con la “igualdad de género” (matrimonio homosexual, adopción de niños por parte de parejas homosexuales, educación sexual que imponga esta concepción del matrimonio y la sexualidad, etc.) son objeto de constantes presiones de los países ricos y los organismos internacionales sobre los países de América Latina. El objetivo de este artículo es simplemente ilustrar estos procedimientos con algunos ejemplos significativos del trienio 2010-2012, particularmente referidos a la Argentina. Muchas veces, escuchando comentarios acerca de este asunto, me he inclinado a pensar que se trataba de fantasías obsesivas o de teorías conspirativas poco fundadas, pero mi búsqueda personal me llevó a confirmar la seriedad de algunas sospechas.

El antecedente de Nicaragua

El caso de Nicaragua es un antecedente muy claro, porque implicó serias amenazas de sanciones económicas, expresadas con toda evidencia. El 26 de octubre de 2006 la Asamblea Nacional de Nicaragua acordó penalizar el llamado “aborto terapéutico” y defender el inalienable derecho a la vida de todo no nacido. Antes y después de la votación de la norma, las insistentes presiones de la Unión Europea y la ONU amenazaron con detener la ayuda económica al país si no modificaba esa decisión. Por ejemplo, la Ministra de Cooperación y Desarrollo de Alemania, HeidemarieWieczorek-Zeul, dijo que “la comunidad internacional de los países donantes claramente ha expresado al Presidente Ortega que habrá consecuencias inmediatas en términos de cooperación para el desarrollo, si esta legislación nacional (que penaliza el aborto) no se rechaza”. Después de la sanción de la ley contraria al aborto, otro funcionario de la Secretaría general del Consejo de la UE, Karl Buck, manifestó la “enorme indignación” de esta entidad, en una nota enviada al embajador de Nicaragua ante la UE en la que amenazaba al país con marginalizarlo de la comunidad internacional si no revertía la ley pro-vida. Así consta claramente en el Documento de Sesión del Parlamento Europeo del 23/04/2007, al que tuve acceso directo. En el número 26 de las preguntas al Consejo, con el título “Derecho penal en Nicaragua”, el parlamentario Koenraad Dillen (H-0237/07) menciona las amenazas sufridas por Nicaragua, y cuestiona: “¿En qué fundamento jurídico se basa el señor Karl Buck para amenazar al embajador de Nicaragua en relación con el Derecho penal de su país, y para hacerlo en nombre del Consejo y de los Estados miembros de la Unión Europea?”.1

Avances firmes de los Estados Unidos entre 2010 y 2012. El 6 de diciembre de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó a todos los organismos gubernamentales, incluidos los de cooperación y ayuda, promover en el resto de los países los derechos de homosexuales: “En este memorándum estoy instruyendo a todos los organismos en el extranjero para que aseguren que la diplomacia estadounidense y la ayuda exterior promueve y protege los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales”. Consiguientemente, ordenó a las agencias de ayuda exterior y desarrollo a comprometer a los gobiernos y a grupos de la sociedad civil en el extranjero a “fomentar el respeto a los derechos humanos de los homosexuales”. Al mismo tiempo, Hillary Clinton anunció desde Ginebra que su Gobierno asignó varios millones de dólares para lanzar un Fondo Mundial para la Igualdad, que apoye a los colectivos de “lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en todo el mundo”. En ese discurso, la Sra. Clinton condenó justamente todos los actos de violencia que sufren las personas homosexuales. Un documento de la Santa Sede dice cosas semejantes: “Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia”.2 Lo cuestionable es que en la práctica la ayuda a estas personas pretenda exigir, como derechos humanos básicos, el matrimonio de personas del mismo sexo, la imposición educativa de una ideología de género sin el consentimiento de los padres, etc. En efecto, todo lo referido a la “igualdad de género” y a los “derechos reproductivos” suele incluirse indiferenciadamente dentro de los “derechos humanos”, en el mismo nivel que el derecho a la vida, a la alimentación o a la educación. Por ello se convierten en objeto de enorme presión, como la expresada en Mayo de 2012, cuando el Departamento de Estado norteamericano difundió su informe anual en materia de derechos humanos. Hillary Clinton brindó un discurso en el lanzamiento de este informe, donde aseguró: “Estos informes, que el gobierno de los EE.UU. ha publicado por casi cuatro décadas, le dejan claro a los gobiernos del mundo que estamos observando y los estamos haciendo responsables. Y dejan claro a los ciudadanos y activistas de todo el mundo que no están solos. Estamos junto a ustedes”. La mención de los derechos “reproductivos” y “de género” como si integraran los derechos humanos fundamentales se pudo advertir, por ejemplo, en enero de 2010, cuando Hillary Clinton indicó que Estados Unidos busca hacer que la atención de la “salud reproductiva” se convierta en un “derecho básico” como parte de las Metas del Milenio. Por otra parte, en marzo 2010 en Quebec, explicitó claramente que al utilizar la expresión “salud reproductiva” se incluye ineludiblemente el aborto legal: “Si hablamos de salud materna, no puedes tenerla sin salud reproductiva. Y la salud reproductiva incluye la anticoncepción, la planificación familiar y el acceso al aborto seguro y legal”.

Por consiguiente, una legislación que no permita el aborto pasa a ser considerada como violatoria de los derechos humanos básicos, y la presión sobre gobiernos que no sostengan una legislación abortista se vuelve extrema. El episodio más reciente ocurrió el 22 de junio de 2012, después de las sesiones en la Cumbre de la ONU en Río de Janeiro (“Rio+20”), cuando Hillary Clinton se expresó de esta manera: “Si bien estoy muy satisfecha de que el documento apoye la salud sexual y reproductiva y el acceso universal a la planificación familiar, para alcanzar nuestras metas sobre desarrollo sostenible también tenemos que garantizar los derechos reproductivos de las mujeres […] Se debe dar a las mujeres el poder de tomar decisiones sobre si quieren tener hijos y cuántos […] Los Estados Unidos seguirán trabajando para garantizar que esos derechos sean respetados en acuerdos internacionales”.

Presiones sobre la Argentina entre 2010 y 2012 El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2010, expresó su preocupación por la falta de acceso a los “derechos sexuales y reproductivos en Argentina”. Fue en las sesiones realizadas entre el 8 y el 26 de marzo en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York. Allí el Comité revisó el informe presentado por Argentina y destacó los “principales motivos de preocupación y recomendaciones”. El informe es muy contundente respecto a los temas pendientes que abarcan los “derechos sexuales y reproductivos”. Concretamente, expresó su “preocupación por la legislación restrictiva del abortocontenida en el artículo 86 del Código Penal”, y consideró que “el Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados”. El 29/03/2011 el mismo Comité de Derechos Humanoscondenó a la Argentina por el caso de L.M.R., una muchacha violada, a quien el sistema sanitario negó un aborto. Ordenó que se tomen medidas para evitar casos similares. El organismo consideró que la obstrucción del aborto constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país que proporcionara “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y se apresurara a “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares. Puntualmente, el CDH dictaminó que la judicialización del pedido del aborto de L.M.R. constituyó “una injerencia arbitraria” del Estado y debe ser considerada una violación del derecho a la intimidad de la joven. En el punto 12, el dictamen urge a la Argentina a presentar“información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente Dictamen”. La organización Amnistía Internacionalarrancó el capítulo sobre Argentina de su informe global de 2011, denunciando que “las mujeres y las muchachas que quedaron embarazadas como resultado de una violación siguieron enfrentando grandes obstáculos para acceder al aborto legal”. Sobre la Argentina, la organización destacó en particular los casos conocidos de dos chicas de Chubut, “presuntamente violadas por sus padrastros” y a quienes “se les negó el aborto legal por parte de dos jueces, causando retrasos y poniendo en riesgo sus vidas”. Además, el informe recordó que tanto la comisión de Derechos Humanos como la oficina de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, le pidieron a la Argentina que modifique “la legislación que penaliza el aborto”. En diversos escenarios internacionales, se insta a Argentina para que asuma plenamente el polémico Protocolo del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo Comité de Vigilancia reclama a diversos gobiernos latinoamericanos que despenalicen el aborto.

Después del contundente Memorandum del Presidente Obama de diciembre de 2011, en Argentina se precipitaron varias decisiones, leyes y proyectos de ley relacionados con los intereses de los gays, lesbianas y transexuales. No solamente la ley de identidad de género de mayo de 2012, sino varias iniciativas más que se relacionan con ella. No se puede demostrar un nexo causal pero cabe presumir una vinculación, especialmente por la asombrosa prontitud con que se produjeron los avances. Se comprende mejor si se tiene en cuenta que los organismos internacionales y los Estados Unidos condicionan su apoyo económico y político en algunas cuestiones, de acuerdo con el avance efectivo en lo que respecta a temas de salud reproductiva e igualdad de género.

En cuanto al Banco Mundial y la Argentina, por ejemplo, para indicar concretamente ayudas financieras conectadas con compromisos sobre salud reproductiva o igualdad de género, basta mencionar un hecho comprobable. Consta en un documento programático del Banco Mundial: “Estrategia de Alianza con la República Argentina (2010-2012)”. Allí, entre los fundamentos que se indican para el otorgamiento de un préstamo, dice que Argentina “ha dado pasos importantes en la promoción de la igualdad de género en el ámbito de la salud, la seguridad social y la violencia de género… Entre los logros se incluye la aprobación de la ley sobre salud reproductiva y la ley de educación sexual” (página 21, punto 22).3 En esta misma línea, en el Presupuesto Nacional 2012 de Argentina constan las partidas presupuestarias vinculadas con Salud Sexual y Reproductiva que se financian con dinero del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del Grupo Banco Mundial). Por ejemplo:

En el Programa 17, Subprograma 04 (Ministerio de Salud), que incluye “el acceso a las prestaciones priorizadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”, se mencionan claramente como Unidad ejecutora el préstamo BIRF 7409 y el préstamo BIRF PP106735 aprobado por el Directorio del Banco Mundial en el mes de abril de 2011.

El Programa 25, Subprograma 3 se denomina “Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable”. Menciona expresamente los compromisos con CEDAW y el préstamo BIRF 7412- AR, que aporta 36.041.327 pesos.4

Existe un largo historial de créditos del Banco Mundial para Argentina en este sentido, donde el financiamiento para planes sociales y desarrollo productivo se conecta con compromisos en torno a cuestiones de salud reproductiva.

Los pocos ejemplos mencionados bastan para comprender que los países de América Latina siguen sufriendo una dependencia que los condiciona enormemente. Los casos de los derechos reproductivos y las cuestiones de género son un ámbito particular de presión, aunque no el único.

El autor es doctor en Teología y rector de la Universidad Católica Argentina.

Fuente: Revista Criterio